El presidente de la CEOE-Cepyme de Cantabria, Miguel Mirones, ha reclamado el desarrollo del concurso eólico tal y como está planteado, con la asignación de 1.400 megavatios de potencia, y en el plazo previsto: enero o febrero.

Mirones recalcó que la posición de la organización que preside no ha cambiado en ningún momento y «sigue siendo la misma» y anunció que a finales de mes se volverán a reunir los órganos de gobierno de la CEOE y analizarán la situación del concurso eólico.

El presidente de la organización empresarial apuntó que las últimas declaraciones de los máximos responsables del Ejecutivo cántabro, el presidente y la vicepresidenta, van en la línea de no paralizar el concurso lo que «nos tranquiliza».

«Lo que sería una tomadura de pelo es que se paralizara la adjudicación de la potencia eólica», señaló Mirones en declaraciones a este periódico, algo que según la posición que mantiene el Ejecutivo cántabro, no va a ocurrir.

La suspensión del concurso conllevaría un «grave perjuicio» para las más de 50 empresas que se han presentado, aclaró, ya que han invertido «más de una decena de millones de euros» en el proceso seguido para presentar las ofertas. Además, añadió, muchas de las empresas cántabras se han presentado con firmas nacionales con lo que la paralización del concurso conllevaría los correspondientes problemas. «Las empresas se han presentado de buena fe», destacó.
En cuanto a la seguridad jurídica del concurso, puesta en duda desde algunos sectores porque hay que modificar el Plan Energético, Mirones señaló que es una cuestión que corresponde al Ejecutivo cántabro, que ha garantizado que el proceso será impecable desde el punto de vista jurídico.

La comisión de valoración del concurso eólico está analizando en estos momentos las 51 ofertas, con 176 proyectos, que se han presentado para instalar aerogeneradores en la región. La asignación de la potencia no implica la ejecución efectiva de todos los parques o megavatios previstos, porque el concurso establece que los parques deberán ajustarse a la legislación energética, ambiental y urbanística vigente.

Vía: Diariomontañes