El consejero de Economía y Hacienda ha explicado, en rueda de prensa, que el objetivo de este convenio es facilitar el acceso a la vivienda en propiedad y el acceso al crédito para la nueva construcción, dinamizar la actividad del sector y contribuir a la creación de empleo. Por su parte, el consejero de Obras Públicas ha señalado que “en estos momentos, en los cuales las dificultades son mayores, es cuando los particulares necesitan una ayuda” y, por ello, el Gobierno de Cantabria concederá un préstamo a los compradores de la vivienda de entre 10.000 y 15.000 euros para facilitar el pago de la misma durante los primeros nueve meses.

Las viviendas, ya sean libres o de protección pública, deben contar con licencia de primera ocupación y estar construidas en la Comunidad de Cantabria. El precio de venta de la vivienda y sus anejos, sin incluir impuestos, deberá cumplir dos condiciones simultáneas: no podrá superar los 245.000 euros ni tampoco podrá superar el 80% del importe del préstamo concedido por esa vivienda al promotor, salvo en las viviendas protegidas, en cuyo caso se podrá alcanzar el 100% del precio máximo legal.
En ningún caso, el precio de la vivienda puede superar los 245.000 euros.

El plazo para acogerse a este convenio se mantiene hasta el 31 de diciembre de 2011, y la duración de la ayuda es de un mínimo de 9 años y un máximo de 30, con un interés del Euribor más un punto. Tanto Mazón como Agudo han querido resaltar que no se trata de subvenciones a fondo perdido ni ayudas a promotores, sino préstamos para los compradores de viviendas que, en ningún caso, computan en las cuentas públicas de la Comunidad Autónoma. Así, han apuntado que, si el comprador no devuelve la cantidad al Gobierno, el riesgo lo asume la entidad financiera.

Además, Agudo ha apuntado que el 50% del crédito promotor que liberen de su balance, como consecuencia de estas operaciones las entidades financieras, se va a destinar al nuevo crédito promotor para la construcción de nueva vivienda en régimen de protección pública. Mazón ha explicado que en la actualidad hay entre 3.000 y 4.000 viviendas en stock en la región y que con este convenio se espera animar la venta de la mitad de ellas.

Ambos consejeros han mostrado su agradecimiento a Caja Cantabria por ser la primera entidad que se suma a este acuerdo y han señalado que esperan que en los próximos días se suscriban al acuerdo otras entidades financieras.

Por su parte, el presidente de CEOE-Cepyme, Miguel Mirones, ha lamentado que el debate en la Comunidad sea “si se produce energía o no”, mientras en España se habla de “qué tipo de energía interesa más al país”. Pero, en su opinión, Cantabria tiene que “dedicar sus esfuerzos a que se produzca, y más con el déficit energético que tenemos”.

María Jesús Cedrún y Miguel Mirones se han expresado así durante su intervención en la segunda jornada del curso ‘Energía: seguridad, empleo y medio ambiente’ que ha organizado el sindicato y que se celebra en la Universidad de Cantabria (UC).

Han participado en una mesa redonda sobre el desarrollo eólico y otras energías renovables en la región, en la que también han intervenido el consejero de Industria y Desarrollo Tecnológico del Gobierno de Cantabria, Juan José Sota; el catedrático de la UC y miembro del Consejo Económico y Social, Andrés Prieto, y el portavoz de Ecologistas en Acción, Bernardo García.

Para Cedrún, “las escasas explicaciones oficiales” que en su opinión se han dado sobre el desarrollo eólico “ha generado una gran confusión”.

“Los ciudadanos de Cantabria conocen lo que es el desarrollo eólico a partir de las críticas del partido político de la oposición y es en ese momento cuando se empezaron a preguntar qué era eso del concurso eólico”, subrayó la sindicalista, tras reprochar al Gobierno de Cantabria que “esa desinformación se extendió también a los agentes sociales que integran la mesa de la Concertación Social”.

En este sentido, Cedrún recordó que “en UGT no conocíamos los planteamientos del Gobierno, sí su intención pero no los términos que se iba a hacer”. “Se ha llegado a pedir nuestro apoyo en la Concertación Social a algo que realmente desconocíamos”, apostilló.

De todos modos, la secretaria general de UGT se mostró contraria a un proceso sobre el desarrollo eólico de la región que “alteró el Plan Energético que ya había sido aprobado por el Parlamento de Cantabria” y que a su entender debería haberse acometido una vez hecho el Plan de Ordenación del Territorio.

Por todo ello, Cedrún opinó que el desarrollo eólico “ha ido de chapuza en chapuza, generando cierta desconfianza”, a pesar de que “la mayoría de los cántabros está a favor de las energías renovables”.

“Ha habido muchos elementos de confusión con cosas que se han dicho; como que el desarrollo eólico es un factor clave para el cambio de modulo productivo cuando no lo es o que con él se iban a generar, como se llegó a decir, miles y miles de puestos de trabajo cuando eran cifras distorsionadas, ya que como mucho se generará empleo en la instalación pero no posteriormente en el mantenimiento”, explicó.

La responsable regional de UGT recordó que el sindicato “no se opone a la energía eólica”, sino que “siempre ha apostado por las energías renovables, en especial por la biomasa, que permitiría fijar a la población en un territorio, impulsar las zonas rurales en una alternativa que genera riqueza y empleo”, destacó.

En este sentido, la sindicalista lamentó que “el Gobierno de Cantabria se ha obsesionado tanto con la energía eólica que ha olvidado otras opciones para nosotros mucho más beneficiosas como la de las plantas de biomasa”.

Producir energía o no

Por su parte, el presidente de CEOE-Cepyme, Miguel Mirones, apeló a “ser conocedores y consecuentes” de lo que puede implicar “no ser productores de energía en Cantabria y que otros sí lo sean”, lo que supondría “regalar cuota de producción a otras regiones”.

Mirones aclaró que “mientras en España el debate es qué tipo de energía interesa más al país”, en Cantabria el debate es “si se produce energía o no”. Frente a ello, y en su opinión, “la región tiene que dedicar sus esfuerzos a que se produzca, y más con el déficit energético que tenemos”.

“En España somos deficitarios en energía y estamos pagando a otros países vecinos por la energía que aquí seguimos discutiendo, por lo que lo que tenemos que aclarar es si queremos ser productores o no”, reiteró el responsable de la patronal cántabra.

El presidente de CEOE-Cepyme en Cantabria también defendió la confidencialidad sobre sus proyectos industriales de algunas empresas que se han presentado al concurso eólico, de la que dijo, “es una estrategia empresarial” tan lícita como la de aquellas empresas que han difundido sus proyectos en los medios de comunicación.

Mirones discrepó con la secretaria general de UGT sobre el empleo que puede conllevar el desarrollo eólico en Cantabria porque “el empleo directo será escaso pero el indirecto será muy importante en los proyectos industriales y de investigación”.

Potencia excesiva

La mesa redonda se cerró con las ponencias de Bernardo García, portavoz de Ecologistas en Acción, y el catedrático y miembros del CES en Cantabria, Andrés Prieto.

García reconoció que su opinión no representaba a todos los grupos ecologistas y conservacionistas de la región porque “hasta en la mía se ha producido un gran debate interno con el desarrollo eólico”.

El ponente consideró “excesiva” la potencia estimada de algo más de 1.300 megawatios en el desarrollo eólico porque “con las necesidades de la región, con 500 sería suficiente”. “La energía eólica tiene un impacto medio ambiental y social pero hay que ponderarlo con el de las energías convencionales”, matizó.

Por último, Andrés Prieto apostó por “estudiar los recursos naturales propios de cada comunidad autónoma antes de plantear el desarrollo de las energías renovables” porque, según recalcó “no tiene sentido que todos se decanten por la eólica cuando otros pueden aprovechar mejor la solar por poner un ejemplo”.

Ausencia de Cándido Méndez

En el transcurso de la jornada, María Jesús Cedrún anunció que el secretario general de UGT, Cándido Méndez, no podrá asistir al acto de clausura, previsto el próximo jueves, a las 14 horas, por tener que participar en una asamblea conjunta con CCOO convocada a Canarias dentro de la campaña informativa de la huelga general del 29 de septiembre.

La responsable regional del sindicato sustituirá a Cándido Méndez en la clausura del curso, en el que intervendrá la vicepresidenta y consejera de Empleo y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria, Lola Gorostiaga.

Fuente: http://www.20minutos.es/noticia/764229/0/

Según informa UGT en nota de prensa, el desarrollo eólico en Cantabria se abordará en la segunda jornada del curso, el próximo martes, con una ponencia del consejero de Industria y Desarrollo Tecnológico del Gobierno regional, Juan José Sota.

Su ponencia se completará con una mesa redonda en la que intervendrán la responsable regional del sindicato, María Jesús Cedrún; el presidente de CEOE-Cepyme en Cantabria, Miguel Mirones; el catedrático de la UC y miembro del Consejo Económico y Social (CES) Andrés Prieto; y el portavoz de Ecologistas en Acción, Bernardo García.

El curso, que será dirigido por el profesor de la Universidad de Cantabria Antonio Domínguez y el representante del sindicato Jesús Torre, será inaugurado el lunes, a las 9.30 horas, en la Facultad de Derecho, por la secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún. Se desarrollará en cuatro días lectivos con un programa que incluye seis ponencias y tres mesas redondas.

El acto de clausura, previsto el jueves 15 de julio a las 15.15 horas, contará con la presencia de la vicepresidenta y consejera de Empleo y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria, Lola Gorostiaga, y el secretario general de UGT, Cándido Méndez.

Ponentes y expertos

Según explica el codirector del curso, Antonio Domínguez, profesor del departamento de Ingeniería Química y de Química Inorgánica de la Universidad de Cantabria, en las sesiones se abordarán las políticas energéticas tanto europeas, nacionales como regionales, en especial el desarrollo eólico en Cantabria, para lo cual “se ha invitado a contrastados expertos de distintos ámbitos”.

Entre los ponentes que participarán en el curso figuran el presidente de Red Eléctrica de España, Luis Atienza; el eurodiputado del PSOE Ricardo Cortés; el secretario general de la Federación de Industrias Afines (FIA) de UGT, Antonio Deusa; el responsable de la multinacional E.ON Manuel Sánchez; y la presidenta de Ingeniería Sin Fronteras de Cantabria, Patricia Luis Alconero.

La lista de ponentes se completa con los expertos y docentes universitarios Luis Ignacio Eguiluz, catedrático de la Universidad de Cantabria; y Gonzalo Molina, profesor de la Universidad del País Vasco y responsable de Energías Renovables de la Unión Europea.

El codirector del curso ha destacado que “el principal objetivo es plantear una reflexión actual sobre los aspectos críticos que confluyen en la seguridad del suministro energético, en la generación de empleo en el sector sobre todo los denominados empleos verdes y en las variables ambientales que influyen directamente en las decisiones energéticas”.

Fuente: http://www.20minutos.es/noticia/761616/0/

El presidente de CEOE-CEPYME Cantabria, Miguel Mirones, en la línea con la posición oficial de la patronal española, ha calificado este jueves el Decreto Ley de la reforma laboral como “insuficiente”, y ha puesto sus “esperanzas” en que en el trámite parlamentario se hagan “todas las modificaciones necesarias para hacer la reforma laboral que la economía española necesita”. Ésta, ha subrayado, “no es la reforma laboral que le hubiera gustado a la patronal”.

Miguel Mirones se ha pronunciado así en la jornada que CEOE-CEPYME Cantabria ha organizado para analizar la reforma laboral y en la que han participado unos 300 empresarios. En la misma se ha contado con las directrices de la patronal nacional en la materia y con aportaciones de expertos de la Asociación para el Progreso de la Dirección APD (Zona Norte), Garrigues y de ADECCO.

Según ha informado CEOE-CEPYME, Miguel Mirones, presidente de la patronal cántabra, ha opinado que la reforma laboral se ha “quedado corta” en la flexibilidad interna que necesita la empresa, el tratamiento del absentismo laboral y en crear una fórmula de contrato que anime a los empresarios a contratar de forma indefinida.

Desde CEOE se defiende la existencia de un único contrato indefinido y la eliminación del resto para simplificar las relaciones laborales del país.

Por otra parte, se ha encarecido el despido del contrato temporal, se ha limitado la duración del contrato por obra y se ha permitido la sindicalización de la pequeña y mediana empresa, lo que, según apuntaba recientemente el presidente de CEOE España, Díaz Ferrán, “será una carga para los empresarios”.

Por todo ello, Miguel Mirones confió en que el trámite parlamentario “mejore el texto”.

Fernando Casas, socio del Departamento Laboral de Garrigues Norte; José Ramón Mínguez, socio de la División Laboral del Bufete Barrilero y Asociados; y Javier Blasco, directo de la Asesoría Jurídica de ADECCO, fueron los encargados de desmenuzar el nuevo Decreto sobre la reforma. La clausura corrió de la mano de Mikel Madariaga, Director de la Zona Norte de APD.

Tras la inauguración por parte del presidente de la Ceoe-Cepyme de Cantabria, Miguel Mirones, el director de Relaciones Laborales de la patronal española analizó las necesidades de la reforma laboral y las principales líneas estratégicas que marca el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva.

De La Cavada señaló que “hay que dar pasos inteligentes; racionalizar; poner Plazos; y concatenar la negociación colectiva para que sea asumible por los empresarios”. Como dato ilustrativo, indicó que el 76% de las extinciones de contrato fueran con indemnizaciones de 45 días por año trabajado, “la más alta de las recogidas en la normativa”.

“Los empresarios optamos por el coste indemnizatorio más elevado ante el no funcionamiento de las previsiones legales respecto a los despidos colectivos procedentes”, señaló De la Cavada, quien destacó que es necesario que se aplique la legislación en los despidos colectivos económicos procedentes, “con la indemnización prevista de 20 días por año con el límite de 12 meses, y que el despido improcedente tenga por límite máximo 33 días año con el límite de dos años”.

“Si algo está cambiando en la normativa actual es lo que se refiere a las cuestiones medioambientales”, declaró Martín, felicitando a los organizadores de la reunión e invitando a los empresarios a consultar cualquier duda que puedan tener al respecto.

Martín fue acompañado en la inauguración por el presidente de la Cámara de Comercio, Modesto Piñeiro, y el presidente de la CEOE-CEPYME, Miguel Mirones. En su intervención puso de manifiesto el esfuerzo de tres años de la Dirección General de Medio Ambiente para elaborar un reglamento “detallado y taxativo”, que requiere una mayor tramitación y que no extiende ni contrae la Ley, aunque sí concreta el método de aplicación.

El consejero recordó que el reglamento ha pasado por todos los requisitos y trámites que exige la Ley, incluidos los del Consejo de Estado, añadiendo que este documento está “vivo y por lo tanto podrá tener modificaciones posteriores”.

El Reglamento para el desarrollo y aplicación de la Ley de Control Ambiental Integrado de Cantabria entró en vigor el pasado 1 de abril. Su objetivo es regular los procedimientos de control de planes, programas, proyectos, instalaciones y actividades susceptibles de incidir en la salud y la seguridad de las personas y sobre el medio ambiente. También permite regular la aplicación de las técnicas e instrumentos que integran el sistema de control ambiental integrado.

Asimismo, el Reglamento contribuye a aclarar ciertos aspectos que la Ley de Control Integrado, en vigor desde el 1 de abril, dejaba pendientes de desarrollar, como la tramitación de las técnicas ambientales, en concreto, la autorización ambiental integrada, la evaluación ambiental de planes y programas, la evaluación de impacto ambiental de proyectos y la comprobación ambiental, aclarando las obligaciones legales que tienen todas las partes afectadas.

El presidente de la CEOE-Cepyme de Cantabria, Miguel Mirones, reclamó el pasado 14 de enero el desarrollo del concurso eólico tal y como está planteado, con la asignación de 1.400 megavatios de potencia, y en el plazo previsto: enero o febrero.

Mirones recalcó que la posición de la organización que preside no ha cambiado en ningún momento y «sigue siendo la misma» y anunció que a finales de mes se volverán a reunir los órganos de gobierno de la CEOE y analizarán la situación del concurso eólico.

El presidente de la organización empresarial apuntó que las últimas declaraciones de los máximos responsables del Ejecutivo cántabro, el presidente y la vicepresidenta, van en la línea de no paralizar el concurso lo que «nos tranquiliza».

Mirones recalcó que la posición de la organización que preside no ha cambiado en ningún momento y «sigue siendo la misma» y anunció que a finales de mes se volverán a reunir los órganos de gobierno de la CEOE y analizarán la situación del concurso eólico.

El presidente de la organización empresarial apuntó que las últimas declaraciones de los máximos responsables del Ejecutivo cántabro, el presidente y la vicepresidenta, van en la línea de no paralizar el concurso lo que «nos tranquiliza».

«Lo que sería una tomadura de pelo es que se paralizara la adjudicación de la potencia eólica», señaló Mirones en declaraciones a este periódico, algo que según la posición que mantiene el Ejecutivo cántabro, no va a ocurrir.

La suspensión del concurso conllevaría un «grave perjuicio» para las más de 50 empresas que se han presentado, aclaró, ya que han invertido «más de una decena de millones de euros» en el proceso seguido para presentar las ofertas. Además, añadió, muchas de las empresas cántabras se han presentado con firmas nacionales con lo que la paralización del concurso conllevaría los correspondientes problemas. «Las empresas se han presentado de buena fe», destacó.
En cuanto a la seguridad jurídica del concurso, puesta en duda desde algunos sectores porque hay que modificar el Plan Energético, Mirones señaló que es una cuestión que corresponde al Ejecutivo cántabro, que ha garantizado que el proceso será impecable desde el punto de vista jurídico.

La comisión de valoración del concurso eólico está analizando en estos momentos las 51 ofertas, con 176 proyectos, que se han presentado para instalar aerogeneradores en la región. La asignación de la potencia no implica la ejecución efectiva de todos los parques o megavatios previstos, porque el concurso establece que los parques deberán ajustarse a la legislación energética, ambiental y urbanística vigente.

Vía: Diariomontañes

Más información: El Diario Montañés

Al respecto, durante su intervención en el acto de entrega de las banderas ‘Q’ de calidad a 118 playas españolas, mostró su apoyo claro a su presencia en las playas y señaló que desde el ICTE se apoyará “donde haga falta” que los chiringuitos se mantengan.

Más información: Europa Press